El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de ASJ ha abierto diligencias previas contra el alcalde, Diego Ortega, y los dos ediles María Jesús Pelayo y Ángel Puente, al apreciar indicios de un delito de prevaricación administrativa y trato de favor en la tramitación para la instalación de una planta de reciclado de neumáticos usados.
Según publica el diario «Lanza», así lo informó este jueves la portavoz de la Comisión vecinal, Carmen Nieto, que también es la presidenta de la Asociación de Vecinos de ‘La Pradera’, impulsora de las denuncias sobre dicha actuación. Nieto dijo que por parte de esta comisión vecinal ya han ido a declarar, incluso se podrían presentar como acusación particular.
Entre las irregularidades que denuncian está la concesión de la licencia de apertura antes de que los terrenos estuvieran licitados, mientras que la empresa tampoco dispone de la calificación de I+D+i, según los vecinos.
Igualmente, «sabían que la construcción es ilegal, porque lo prohíbe la Ley de Suelo, así como en el terreno, que es municipal, solo pueden establecerse entidades sin ánimo de lucro», sostuvo Nieto. Por todas estas irregularidades, «técnicamente están imputados una vez que la juez del Juzgado número 1 ha abierto diligencias penales».
Nieto explicó que tienen en sus manos el expediente medioambiental, gracias a que el fiscal jefe de Ciudad Real, Jesús Caballero, lo solicitó a la Junta de Comunidades. «En el primer análisis de los expertos entienden que ha podido haber un trato de favor claro», aseguró la portavoz, a la vez que agregó que el Gobierno regional ha sido muy laxo en las revisiones periódicas sobre la emisión de gases, marcadas en cinco años, respecto a los de otras plantas similares.
Al parecer según dijo, el expediente tampoco aborda el tema del ruido «que puede llegar a ser insoportable», ni el de la impermeabilización del suelo, teniendo en cuenta que «está muy cerca de la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda».
No reciben la citación
De su lado, Diego Ortega ha declarado que no han recibido citación judicial par ir a declarar y que él y los otros dos ediles denunciados no están imputados, pues tan sólo el Juzgado les ha requirido la entrega de documentación sobre la instalación de la empresa.
