La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la falta de personal que existe en el Juzgado de Violencia de Género de Ciudad Real, pese al incremento, a día de hoy, en un 10%, aproximadamente, de las causas abiertas en este órgano. Una situación, a juicio del sindicato, “lamentable” y que sigue acrecentándose en los últimos meses, no sólo en los Juzgados de la capital, si no en los de toda la provincia.
De hecho, las cifras de las diligencias abiertas por delitos relacionados con violencia de género (juicios rápidos y diligencias previas), así como el número de quebrantamientos de órdenes de protección, al igual que de medidas civiles derivadas de la comisión de dichos delitos siguen aumentando. Según la memoria anual del TSJ, correspondiente al año 2022, se ha incrementado en un 9,6% la litigiosidad en el orden penal.
“Este aumento de litigiosidad no puede ser asumido sine díe por los funcionarios, que se encuentran tan agotados como desmotivados por la falta de medios tanto personales como materiales”, subraya el responsable provincial de CSIF Justicia, Alfonso Sánchez-Castellanos, quien apunta que la «comarcalización» que se pretende implantar en dichos juzgados, como consecuencia de la entrada en vigor de la modificación de la Planta judicial (RD 954/2022 de 15 de noviembre), “no es la solución a un problema que deviene ya en estructural”.
A estas carencias se une la circunstancia de que las bolsas de trabajo de CLM en Justicia se encuentran prácticamente agotadas y no se están cubriendo debidamente las bajas que se producen.
Para CSIF, la solución pasa tanto por la creación de nuevos juzgados dotados de los medios necesarios para la implantación y desarrollo de una justicia moderna, coordinada con el restos de operadores, así como por la ampliación de las RPTs, la recuperación del complemento que se venía percibiendo en los juzgados de violencia y la regulación de un servicio de guardia en los mismos, que remunere debidamente las maratonianas jornadas de trabajo que sus funcionarios sufren, y que permitan dar un servicio público de calidad a la ciudadanía. “Está claro que no se pueden acometer las diferentes reformas procesales aprobadas sin que exista una financiación y una dotación de medios que posibiliten su correcta aplicación”, concluye Sánchez-Castellanos.
