En rueda de prensa, el portavoz socialista, José Antonio Valera, ha explicado que con el voto de su grupo en el pasado pleno han querido apoyar la negativa del ayuntamiento a pagar el dinero que reclama Aqualia, la empresa concesionaria del servicio.
Dicha empresa ha solicitado una compensación, por importe de algo más de 187.000 euros, en aras de mantener el equilibrio económico-financiero de la concesión hasta el ejercicio de 2012.
A juicio de Aqualia, desde 2006 ha habido un incremento real del coste unitario de la energía eléctrica del 68,45 %, lo que ha hecho a la empresa asumir un sobrecoste por el citado importe.
Sin embargo, un informe del técnico municipal, señala que en las facturas aportadas por Aqualia se detectan penalizaciones económicas por no contratar la potencia necesaria, lo que se deduce, según el ayuntamiento, que en términos de eficacia no se ha conseguido demostrar que se han usado todos los medios a su alcance.
Por ello, desde el grupo municipal socialista se apoyó la negativa del Equipo de Gobierno a pagar esa reclamación, al mismo tiempo que solicita un control más exhaustivo sobre la empresa, a través de una auditoría.
Valera reitera que, aunque la vida de la actual planta depuradora esté a punto de finalizar, sí es necesaria una inspección o auditoría para saber cuál es su estado real de funcionamiento, puesto que en su escrito Aqualia habla, entre otras cosas, de “recuperación de la inversión por las obras de reforma”, a juicio del Psoe, inexistentes.
Por ello, añade Valera, sin ánimo de crear polémica, que es el momento, cuando aún quedan unos meses de funcionamiento de la depuradora, de que el alcalde, Carlos Cotillas, demuestre que la planta funciona correctamente.
La nueva depuradora de aguas residuales está previsto que comience a funcionar a finales de este año, y durante algún tiempo deben estar en marcha ambas plantas, por lo que a la antigua aún le quedan unos meses de vida.
