La alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero (PP), aprovechó el convenio para convertirse a sí misma en empleada fija de su ayuntamiento, incurriendo en flagrante fraude de ley, según denuncia CC.OO.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha anulado el convenio mediante el que el Ayuntamiento de Ciudad asumió a partir de marzo de 2012 el Centro de la Mujer y a su plantilla, hasta entonces al cargo de la Diputación provincial.
La sentencia del TSJ, del pasado día 20, estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por CCOO de CLM contra el acuerdo del pleno municipal del Ayuntamiento de Ciudad Real del 30 de marzo de 2012, que ratificó el mencionado convenio; y declara nulos “cuantos actos deriven directamente de la ejecución de dicho Convenio”.
Una de sus consecuencias más llamativas de aquel convenio, ahora anulado, fue que la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero (PP), pasó de ser trabajadora temporal de un organismo autónomo de la Diputación a empleada fija de su Ayuntamiento, según denuncia CC.OO. en nota de prensa. “En cumplimiento de la sentencia, quienes elaboraron y diseñaron el convenio, así como los directamente beneficiados por el mismo, tendrán que volver a su posición primitiva”, añade el sindicato.
El secretario general de CCOO de Ciudad Real, José Manuel Muñoz, que ha informado hoy sobre esta sentencia en rueda de prensa, ha exigido a las administraciones públicas que garanticen en todo momento el funcionamiento del Centro de la Mujer de Ciudad Real, así como su carácter estable y permanente.
Muñoz ha recordado que en marzo de 2012, la sección sindical de CCOO en el ayuntamiento ya advirtió del fraude de ley en el que se estaba incurriendo y planteó fórmulas jurídicas que permitieran el traspaso de la titularidad dentro de la legalidad; “propuestas que no fueron ni atendidas ni valoradas por el equipo municipal de Gobierno”.
“CCOO defiende, ha defendido siempre y lo seguirá haciendo los Centros de la Mujer como red de servicio fundamental en la lucha por la consecución de la igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Por eso este servicio tiene que tener un carácter estable y permanente, que le permita conseguir el objetivo para los que fueron creados, pero sin vulnerar la legalidad, sin incurrir en flagrantes fraudes de ley a la hora de cubrir los puestos de trabajo, que es lo que CCOO denunció y lo que el TSJ ha anulado”, explicó Muñoz.
La Sentencia del TSJ-CLM sostiene que el Ayuntamiento de Ciudad Real incurrió en fraude de ley al convertir a las trabajadoras que tenían la condición de temporales en un organismo autónomo de la Diputación en trabajadoras fijas de plantilla en el Ayuntamiento, creando nuevas plazas, y asignándolas con nombres y apellidos a estas trabajadoras, sin dar oportunidad a otros aspirantes.
Para asumir estas nuevas trabajadoras el Ayuntamiento se comprometía en el convenio a modificar su Relación de Puestos de Trabajo, para así beneficiar claramente a unas personas determinadas –incluida la propia alcaldesa y su concejala de Servicios Sociales, Ámparo Messia de la Cerda-, sin convocatoria pública alguna, lo cual dice la Sala de lo Contencioso que es una actuación ilegal.
“Es muy significativo que a lo largo de la sentencia y en muchos de sus razonamientos la Sala de lo Contencioso declare expresamente que el Ayuntamiento actuó en fraude de ley, además de haber vulnerado los principios constitucionales de acceso al empleo público de publicidad, mérito y capacidad”, indicó Muñoz.
“Aunque la sentencia refiere que ya las trabajadoras partían de una situación irregular cuando el Centro de la Mujer dependía de Diputación, hace un severo reproche al Ayuntamiento al sostener que a través del convenio firmado el Ayuntamiento convertía a trabajadoras temporales en trabajadoras fijas municipales, y el convenio no se puede utilizar como puerta falsa para entrar en el Ayuntamiento.
“Más todavía, afirma la sentencia que ‘el convenio no es neutro’ en cuanto se designan con nombres y apellidos las personas que pasan a ser fijos del Ayuntamiento. Y particulariza que no tiene sentido que dos de las trabajadoras puedan estar en servicios especiales o excedencia en el Ayuntamiento sin que exista constituida relación laboral con el mismo mediante el correspondiente contrato”
Para mayor escarnio, recordó Muñoz, “en el mismo pleno en el que aprobó este traspaso de personal de la diputación, también se aprobó el Plan de Ajuste, que comportó despidos de otros trabajadores municipales y recortes para el resto”.
“Ha quedado claro que la transparencia, la legalidad, el servicio a los intereses generales y el respeto a la igualdad de oportunidades no son valores que se tuvieran en cuenta por parte del Ayuntamiento de Ciudad Real a la hora de firmar este convenio para asumir el centro de la Mujer”, recalcó Muñoz; quien concluyó cuestionando “el poco compromiso del gobierno del PP en materias de igualdad de género que se ha visto reflejado por los recortes presupuestarios en esta materia y máxime en estos momentos en los que se ataca un derecho esencial para las mujeres: el derecho a decidir sobre su salud reproductiva y sobre su maternidad”
