El Parlamento regional ratifica la normativa que regula la seguridad y el descanso vecinal, además de avalar resoluciones sobre sanidad, recursos hídricos y consumo de productos nacionales.
El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, bajo la presidencia de Pablo Bellido, ha aprobado este jueves el Proyecto de ‘Ley de Espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla-La Mancha’ con el respaldo del Grupo Socialista. Esta normativa, impulsada por la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, se convierte en la ley número 24 aprobada durante la presente XI Legislatura.
La nueva regulación establece los derechos y obligaciones de los organizadores y participantes en espectáculos públicos, priorizando aspectos como la seguridad, el orden público, la protección de la infancia y la adolescencia, y el descanso vecinal. Durante el proceso parlamentario, fueron rechazadas las 40 enmiendas parciales presentadas por la oposición, tras haberse incorporado previamente 35 enmiendas en la Comisión de Asuntos Generales.
Inversiones sanitarias y recursos hídricos
En la misma sesión, el Parlamento aprobó una resolución socialista sobre infraestructuras sanitarias que respalda una inversión de 1.600 millones de euros destinada a la modernización de la red pública. El texto destaca la construcción y ampliación de centros hospitalarios en Toledo, Cuenca, Guadalajara, Albacete, Puertollano y Alcázar de San Juan, además de la renovación de más de un centenar de centros de salud.
En materia de agua, la Cámara reafirmó su compromiso con la defensa de los recursos hídricos de la región. La resolución aprobada respalda las alegaciones del Gobierno autonómico a la planificación hidrológica nacional para el periodo 2028-2033 y exige que las reglas del Trasvase Tajo-Segura incorporen las resoluciones judiciales para garantizar los caudales ecológicos y la sostenibilidad de la cuenca cedente.
Prioridad al producto nacional
Finalmente, el Pleno dio luz verde a una resolución que promueve la compra de productos agroalimentarios regionales y nacionales en establecimientos públicos. El documento insta a fomentar criterios de proximidad y producción ecológica en la contratación pública, además de solicitar al Gobierno de España que defienda ante la Unión Europea el principio de reciprocidad comercial con terceros países para proteger al sector agroalimentario local.
