ASAJA Castilla-La Mancha ha solicitado formalmente a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) una vigilancia estricta sobre los contratos de comercialización del pistacho durante la presente campaña. La organización agraria busca asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, haciendo especial hincapié en que el pistacho debe ser tratado como un producto fresco y perecedero en el momento de su entrega. Esta calificación legal implica que el plazo máximo de pago al agricultor no debe exceder los 30 días, sin que procesos posteriores como el escandallo, la clasificación o el secado puedan utilizarse para retrasar dicho periodo.
La organización ha alertado sobre la detección de entidades que ofrecen contratos bajo denominaciones como “acuerdo de colaboración” o “colaboración industrial”. Según ASAJA CLM, independientemente del nombre del documento, si la operación constituye una compraventa de producto alimentario, debe someterse a las obligaciones de la Ley de la Cadena Alimentaria. La entidad advierte que el uso de estas fórmulas para esquivar la ley podría ser considerado un fraude de ley, subrayando que no se puede cambiar la realidad de una transacción comercial simplemente alterando su nomenclatura.
Transparencia y criterios de rendimiento
Otro de los puntos críticos señalados es la falta de criterios comunes y objetivos para calcular las mermas y el rendimiento del pistacho en las plantas de transformación. El sector reclama parámetros verificables que permitan al agricultor comprobar con exactitud el resultado de su producción. En esta línea de transparencia, ASAJA CLM ha instado a las lonjas a incorporar cotizaciones del pistacho en verde, con el fin de establecer precios de referencia que equilibren la negociación entre los productores y la industria.
Finalmente, la organización considera injustificada la presión para bajar los precios de la producción nacional bajo el argumento de una mayor cosecha en España. Recuerdan que el mercado global está condicionado por la caída de producción en grandes potencias como Estados Unidos e Irán, mientras que los costes de cultivo para el agricultor español han experimentado un aumento considerable. En contraposición, la organización ha puesto en valor a las procesadoras que operan con contratos claros y ajustados a la legalidad como base para un sector sólido.
